En declaraciones a Servimedia, Teodoro Mota, abogado de la acción popular, señaló que con esa decisión "volvemos al mismo comportamiento que se había tenido anteriormente por parte de Serra y González" y que consiste en "amparar y a tener una situacin de complicidad con aquellos que cometieron este tipo de actividades delictivas".

Asímismo, estimó que "se mantiene la parcela de impunidad y de impedir la investigación por parte de los jueces con la no aportación de estos documentos probatorios que a nuestro entender son fundamentales", continuando así en la línea que estableció el Tribunal de Conflictos al permitir al Gobierno que entregue o no documentos para que los jueces investiguen.

A su juicio, la decisión de desclasificar o no los docuentos no es una cuestión de uno u otro Gobierno, sino del propio Estado "y parece que la supervivencia de algunos sectores del Estado está puesta en cuestión por la investigación judicial que se está llevando a cabo. Es el Estado el que está impidiendo que se investiguen delitos cometidos por integrantes del propio Estado", concluyó.