Alvarez argumenta su petición en que, de todo lo instruído en la causa y del examen de las declaraciones prestadas por distintos procesados e imputados, "se desprende de una forma clara e inequívoca que tanto el excmo. sr. presidente del Gobierno como el excmo. sr. ministro de Defensa fueron puntualmente informados de las acciones violentas que los GAL iban a realizar contra posibles miembros de ETA en el sur de Francia, siendo utilizados a tal efecto mimbros de las fuerzas de seguridad del Estado y sicarios".

Agrega que "dichos miembros de las fuerzas de seguridad, dependientes del ministro del Interior, recibían sus órdenes acatándolas y cumpliéndolas sin entrar a cuestionarlas, por proceder de la máxima autoridad".

Entiende que "tales decisiones, nos reiteramos, utilización de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, contratación de sicarios y utilización de sumas dinerarias presupuestadas en los fondos reservados correspondientes al inisterio del Interior, debieron ser adoptadas en el seno del Consejo de Ministros, habida cuenta de la importancia y repercusión que tales decisiones pudieron tener en la vida nacional".

Por ello, considera conveniente "que en la presente instrucción se averigüe el grado de información que tuvieron los ministros del Gobierno" dado que, según el artículo 10.1 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado "el Consejo de Ministros, como órgano colegiado, había de tener conocimiento, aproando el plan general de actuación del Gobierno y las directrices que han de presidir las tareas encomendadas a cada uno de los departamentos ministeriales".

El abogado de Planchuelo aporta junto a su petición de declaración de los ministros, la relación de los nombres de los componentes del Gobierno formado el 3 de diciembre de 1982 "con la finalidad de facilitar la localización de los diversos responsables de los departamentos ministeriales".