El magistrado del Alto Tribunal rechazó la pasada semana un recurso de reforma de la defensa de Domínguez en el que volvía a pedir una pensión de manutención para el ex olicía. El magistrado estimó que éste no podía ser considerado como testigo en el 'caso GAL' dado que tiene la condición de imputado en dicha causa y además fue condenado anteriormente por su relación con esa organización terrorista.

En el nuevo recurso, que probablemente interponga mañana, el abogado de Domínguez insiste en que Domínguez debe ser tenido como testigo en la causa dado que, con esa condición, reveló al entonces instructor del 'caso GAL', el juez Baltasar Garzón, los hechos por los que etá encausado.

Manrique insiste en el nuevo escrito en que en el caso de que el tribunal siga rechazando la condición de testigo de Domínguez, deberá declarar nulo todo lo actuado en el sumario, incluídas las primeras declaraciones efectuadas por el ex policía ante el juez Garzón, con lo que desaparecería la fusión del sumario principal de los GAL con el del secuestro de Segundo Marey, que ahora instruye el juez Móner.

Domínguez estima en su petición que tiene derecho a ser protegido y a que se curan sus necesidades mínimas, que evalúa en cerca de 500.000 pesetas, de acuerdo con un auto dictado por el juez Garzón el pasado 17 de diciembre en el que el magistrado dispuso que "el Ministerio de Justicia e Interior provea de los medios necesarios de protección y escolta móvil y estática así como la manutención y prestaciones necesarias que se les produzca por la situación de vigilancia y protección permanente" a que están sometidos Domínguez y José Amedo tras su colaboración con la justicia en el 'casoGAL'.

El ex policía alegó que dichas medidas de protección le provocan "una serie de trastornos que hacen imposible el poder disponer de un puesto de trabajo debidamente remunerado".