El informe ya ha sido remitido a los vocales del CGPJ y será estudiado "en breve" por el pleno del órgano de gobierno de jueces y magistrados, que es quien tiene que decidir finalmente sobre el futuro de Gómez de Liaño, ya que el dictamen del Gabinete Técnico no es vinculante.

El ex juez de la Audiencia Nacional condenado por prevaricación durante la instrucción de "caso Sogecable", pidió el pasado mes de febrero al CGPJ su reintegro en la carrera judicial al considerar que la condena de 15 años de inhabilitación que se le impuso no implica la pérdida de su condición de magistrado.

Gómez de Liaño explicaba que la petición se basa en el indulto que le concedió el Gobierno el 1 de diciembre del año 2000 y que desembocó en un conflicto entre el Tribunal Supremo y el gabinete de José María Aznar.

El litigio comenzó cuando el pleno jurisdiccional de la Sala de o Penal del Alto Tribunal decidió rechazar el requerimiento del Ministerio de Justicia para reingresar en la carrera judicial a Javier Gómez de Liaño, tal y como dictaba el indulto que le otorgó el Ejecutivo de José María Aznar.

Tras la concesión del indulto, los magistrados del Supremo encargados del "caso Liaño" dieron por cumplida la pena de quince años de inhabilitación, pero se negaron a reingresarle en la carrera judicial de manera inmediata, por considerar que al Gobierno no le compete tomar esa decisión.

El Ejecutivo respondió iniciando un contencioso que el Tribunal de Conflictos resolvió cuatro meses después, dando la razón al gabinete de José María Aznar. Los magistrados argumentaron que "la competencia para la determinación del alcance del indulto en cuanto a la pena ejecutada corresponde al Gobierno", mientras que "las cuestiones relativas al reintegro de Gómez de Liaño en la carrera judicial competen al Consejo General del Poder Judicial".

Es decir, que el Gobierno tiene competecias para conceder un indulto como el que otorgó en su día a Gómez de Liaño, reintegrándole en la carrera judicial, aunque con la prohibición de ejercer en la Audiencia Nacional por un periodo de 25 años.

Ahora ha de ser el pleno del Consejo General del Poder Judicial quien decida si se ha de producir el reingreso y, en caso afirmativo, establezca la fecha de reincorporación del magistrado.