La sanción podrá superar los 50 millones de pesetas si la actitud condenada ha ocasionado daños por valor superior a esa cantidad o si su objetivo es la obtención de beneficios que también rebasen los 50 millones.

Asimismo, el texto legal prevé la obligatoriedad de realizar el preceptivo estudio de impacto ambiental en todas aquellas actuaciones contempladas en las legislaciones comunitaria y nacional sobre declaración de impacto.

Algunas obras precisarán, además de este estudio, el denominado "informe ambiental", cuya elaboración dependerá del la Agencia de Medio Ambiente.