En una resolución, el máximo órgano de la abogacía condena esta práctica abusiva que consiste en la creacción, dentro de una gran compañía auditora, de un departamento jurídico que desarrolla funciones asesora para las empresas auditadas.

Además, en ocasiones, se intenta ocultar la verdadera indentidad del apoyo jurídico mediante la creación de sociedades aparentemente independientes.

En el acuerdo de la comisión se asegura que esta práctica constituye sin duda un fraude de ley y una "flagrante" situación de competencia desleal que las leyes prohiben tajantemente.

Las grandes auditoras impiden así a las empresas auditadas elegir libremente sus asesores jurídicos y defensores en juicio, y dejan enposición de "grave desigualdad" a los abogados que ejercen libremente la profesión.

El Consejo General de la Abogacía ha anunciado que ejercitará cuantas actuaciones legales sean oportunas para evitar este tipo de prácticas fraudulentas.