Domingo Fernández Veiguela, presidente de CSI-CSIF, recordó que durante los tres últimos años los precios han subido un 13,5%, y mientras que los trabajadores privados han conseguido aumentos salariales del 13,2%, los funcionarios han visto subir sus sueldos un 5,5%, perdiendo ocho puntos de poder adquisitivo.

Si el Gobierno decide finalmente congelar el sueldo de los funcionarios "sería un error muy grave", por lo que Fernández Veiguela no descartó convocar una huelga en la Adminstración. No obstante, para el presidente del sindicato de funcionarios "hace mucho más daño que una huelga la pérdida de confianza de los empleados públicos en sus gobernantes".

Aún así, CSI-CSIF está en disposición de asumir un "compromiso solidario" de austeridad pactado en la Mesa, siempre y cuando afecte a todas las partes, incluidos los parlamentarios, en función de su poder económico.

Fernández Veiguela solicitará también en la Mesa de la Función Pública una reforma en profundidad de la Adinistración, que suponga el fin de la politización dentro de ésta y que se concrete en un Estatuto de la Función Pública, con el objetivo de garantizar un mejor servicio a los ciudadanos.

POCO AHORRO

En este sentido, consideró "positiva" la reducción de altos cargos que está llevando a cabo el Gobierno, ya que a su juicio la Adminitración está sobredimensionada, con demasiados cargos de designación directa, pero se quejó de que esta reducción apenas si tendrá repercusión económica, puesto que todo fncionario que lleve más de dos años en un alto cargo asimila los complementos en el futuro (sea cual sea su destino).

En cuanto a la oferta de empleo público, el presidente de CSI-CSIF dijo que habría que reordenar los destinos de los funcionarios completando las transferencias a las comunidades autónomas, para evitar duplicidades, y entonces ver si es necesario proceder a realizarla.

CSI-CSIF pedirá además en la Mesa del próximo viernes el cumplimiento de los acuerdos firmados entre Gobierno y sndicatos de la Administración en 1994 para recuperar parte del poder adquisitivo perdido en años anteriores, si bien este aspecto está ligado al aumento de productividad de los funcionarios.