De acuerdo con las mismas fuentes, Arnaldo Otegi goza de aforamiento especial, al ser diputado en el Parlamento de Vitoria, por lo que la Audiencia Nacional no tiene competencia para actuar contra él.

Según el artículo 26 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad autónoma es la institución que decide sobre la "inculpación, prisión, procesamiento y juicio" de los miembros del Parlamento deEuskadi.

Para la Fiscalía General del Estado, que ordenó las actuaciones contra Otegi, sus palabras contra Don Juan Carlos podrían ser constitutivas de un delito de injurias al Rey, tipificado en el artículo 490.3 del Código Penal.

Las calumnias e injurias calificadas de graves están penadas de seis meses a dos años de prisión y las injurias leves con pena de seis a doce meses.

En un principio se remitió el caso a la Audiencia Nacional, en virtud del del artículo 65 de la Ley Orgánica del Poer Judicial, que establece que la Audiencia Nacional es competente para investigar los delitos contra los titulares de la Corona.