El Partido Socialista de Chile califica de "absolutamente intolerables" las opiniones de Fungairiño ante los "asesinatos, secuestros y desapariciones masivas" ocurridas durante las dictaduras militares.

Las argumentaciones del fiscal suponen, a juicio de los socialistas chilenos, "desconocer la historia de nuestro país, un desprecio total y absoluto por las reglas del juego de la democracia y una falta de respeto al sufrimiento que padecieron miles de personas en Chile".

Es "muy grave" para las instituciones democráticas de cualquier país "que un representante del poder judicial justifique la actitud golpista de unos militares", concluyen.

Por su parte, la Unión Cívica Radical de Argentina asegra que las "grotescas" afirmaciones de Fungairiño "no sólo están totalmente alejadas de la realidad argentina, sino que contradicen lo decidido por la justicia democrática argentina", que calificó el derrocamiento del gobierno constitucional de "delito de rebelión", previsto en su Código Penal.

Recuerdan, además, que la justicia argentina concluyó la existencia de un "plan criminal" detrás del alzamiento, "deliberadamente confeccionado bajo el argumento aparente de combatir a la subversión, que consisió en el secuestro, tortura, interrogatorios ilegales, violaciones, sometimiento a condiciones inhumanas de vida y muerte de personas sospechadas arbitrariamente de tener vínculos con la subversión terrorista".

TIRANIAS

Por su parte, el senador chileno Carlos Ominami admite en su declaración que el informe del fiscal jefe de la Audiencia Nacional "contiene duros juicios contra las tiranías argentinas y chilenas", pero "termina justificándolas en sus propósitos finales".

En el caso de Chile, aseura, "es claro que la intención de Pinochet fue sustituir un orden constitucional democrático por uno autoritario y tutelado".

Ominami destaca que el fiscal omita en su informe "toda referencia a los delitos de tortura cometidos por militares en contra de ciudadanos españoles, lo que otorga competencia a los tribunales españoles para, al menos, juzgar estos delitos".

Finalmente, la Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo ha enviado una pregunta escrita al Consejo de la UE para sabr si este órgano cree que los estados miembros "deben poner todos los medios jurídicos a su alcance para conseguir que se depuren las responsabilidades de los dirigentes de las dictaduras militares de Argentina y Chile".

Josep Pons, el eurodiputado que firma la pregunta, desea saber también la opinión del Consejo de la UE acerca de las iniciativas españolas en este sentido y si está de acuerdo con que las manifestaciones de Fungairiño y Cardenal "suponen un grave ataque a la defensa de los derechos huanos, símbolo ineludible de los países que conforman la UE".