Según dijo Ollero a Servimedia, desde el "emplazamiento privilegiado" que es el Parlamento se pueden detectar "las estrategias políticas de unos y otros", lo que le ha llevado al convencimiento de que "hay un intento de campaña por parte de aquellos que se sienten amenazados por la Audiencia Nacional, de desprestigiar a sus integrantes".

Esta campaña se desarrolla, a su juicio, desde "hace tiempo" y en las últimas 24 horas "se ha centrado en este asnto, como en ocasiones anteriores se ha centrado en otro. Yo creo que esa campaña continuará hasta que los que la realizan dejen de sentirse amenazados por ese órgano judicial".

Sobre la responsabilidad concreta de la puesta en marcha de dicha campaña, aseguró que "no es necesario ser más explícito", puesto que "todo el mundo sabe en el ámbito político qué temas hay pendientes en la Audiencia Nacional, respecto de los cuales el señor Fugairiño tiene especiales responsabilidades".

De hecho, el poravoz popular considera que si desde el Partido Socialista "se ha puesto en marcha una campaña de 'Fungairiño no', ha sido porque el señor Fuegairiño tiene fama de no estar dispuesto a enterrar el GAL".

Por tanto, para el PP esa campaña de desprestigio es la que justifica "los movimientos de estos días" y, por eso, el problema "no es que se diga que no a Fungairiño porque ha hecho o dejado de hacer un informe, el problema es que como se ha dicho a Fungairiño que no, ahora toca sacarle un informe".

La polémica desatada sobre la actuación de Fungairiño se deriva de la difusión del hecho de que el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, ocultó supuestamente varios informes favorables a permitir que se juzgaran los crímenes de las dictaduras de Argentina y Chile en los tribunales españoles.

De esta manera, a la reunión de la Junta de Fiscales se aportaron tan sólo dos informes negativos, el de Fungairiño, contrario al procedimiento y sin firma, y el de la secretaría técnica, también opuesto a lacelebración de los juicios. En su informe, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional justificaba la llegada de las dictaduras argentina y chilena.

Según Ollero, la única forma de terminar con este tipo de campañas de ataque a los órganos judiciales que motivan el desprestigio de la justicia es "no tener motivo alguno para desprestigiarla, como le ocurre al PP".