Las mismas fuentes han insistido en la tesis de que el vacío de poder creado con el cese de José Aranda "no podía continuar de esta manera" y defienden la legalidad de la medida adoptada por el Consejo de Ministros.

El Ejecutivo se agarra a la tesis del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, que no considera vinculante la decisión previa del Consejo Fiscal de rechazar la elevación de Fungairiño a la categoría de fiscal de sala, condición ncesaria para ser fiscal jefe de la Audiencia Nacional; una opinión radicalmente contraria a la que expresó el propio Cardenal a "El Mundo" el domingo 28 de mayo, cuando declaró que la decisión del Consejo Fiscal "es vinculante para mí".

Preguntada la fuente consultada cómo se explica el cambio de opinión del fiscal general, señaló que no compete al Gobierno dar argumentos de lo que ha pasado antes del viernes último, cuando se nombró a Fungairiño.

El Gobierno, frente a las tesis que defienden lasasociaciones de fiscales, cree que el Consejo es "consultivo" y no vinculante. Las asociaciones hablan de "clara ilegalidad" porque el artículo 13.2 del Estatuto del Ministerio Fiscal dice textualmente que el fiscal general decidirá sobre un ascenso a fiscal de sala "conforme a dichos informes del Ministerio Fiscal".

Las fuentes informantes reconocieron que la decisión puede ser recurrida por las asociaciones de fiscales, que un juez puede estimar ese recurso "y otro rechazarlo", pero, por encima de tdo, hicieron hincapié en la vuelta a la normalidad de funcionamiento en la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

El Ejecutivo quiere situar el nombramiento de Fungairiño en términos de eficacia, puesto que es uno de los fiscales más expertos en terrorismo, y resalta que, de todas las críticas que ha recibido, ninguna lo es por su desconocimiento en esa materia.