En un comunicado de prensa, atribuyen la situación de la fiscalía a "no explicados intereses del Gobierno en contar con fiscales sumisos (perfil ya escogido en la persona del fiscal general del Estado) para aplicar, no ua política criminal de estado que juzgarán los ciudadanos en las elecciones, cuanto una política de partido adaptada a sus intereses electorales".

A su juicio, "lo que está sucediendo en la Audiencia Nacional mina la credibilidad en las instituciones, empezando por los partidos políticos y continuando por la justicia, cuya independencia de intereses coyunturales es una de las conquistas del Estado de Derecho que peligran con actitudes como las analizadas".

Además, piden al fiscal del Estasdo "quepresente su dimisión" y al presidente del Gobierno "el cese de una ministra que tan incompetente como el anterior fiscal general (motivo de su cese) se muestra para resolver satisfactoriamente esta crisis".

La Federación de Asociaciones de Juristas Progresistas agrupa a Jueces para la Democracia y a la Unión Progresista de Secretarios Judiciales, entre otras organizaciones.