La presidenta de la fundación, Maite Pagazaurtundua, informó a Servimedia de que están recabando "todos los datos" posibles con el fin de localizar a miembros de ETA que podrían hacer frente a las compensaciones a las que fueron condenados en su día en concepto de responsabilidad civil.

Se trata de encontrar casos de etarras como los de Kándido Azpiazu e Ignacio Zuazolazigorraga, condenados por el asesinato de Ramón Baglietto y que cuentan en Azkoitia con una cristalería y un restaurante, negocios que la Fiscalía quiere expropiar para compensar a María Pilar Elías.

Pagazaurtundua señaló que cuando tengan información actuarán "en consecuencia", en el sentido de que se dirigirán a las instancias legales que tienen competencia "para mejorar la protección de los ciudadanos" en casos como éste.

Destacó, a este respecto, que es positivo que con la citada concejala del PP en Azkoitia se estén dando "nuevos pasos para ayudar a regenerar a una sociedad que ha sido muy castigada por el acoso y por miedo".

Según la presidenta de la Fundación de Víctimas, tanto la exigencia de las indemnizaciones como el alejamiento de los etarras de sus víctimas son medidas que constituyen un "avance", ya que "significan una regeneración paulatina y progresiva de un tejido social en el País Vasco que ha tolerado durante muchísimos años cosas anormales".

Señaló, a este respecto, que considera ejemplos de anormalidad que los asesinos etarras "paseen tan campantes sintiéndose mucho más protegidos que las víctimas y los familiares de sus víctimas", o que "hayan campado a sus anchas sin pensar que incurrían en responsabilidades económicas".