En declaraciones a Servimedia, García Cernuda explicó que en casos como el de la joven gerundense las instituciones deberían hacer solucionado es vacío legal, porque "lo que no se puede hacer es lavarse las manos. Hay que ser diigente y mojarse".

"Se puede ir al juzgado", añadió, "y pedir medidas provisionales que se pueden tomar con muchísima diligencia para evitar este problema concreto. Cuando se va con planteamientos coherentes a un juzgado, no va a ser el juez el que te ponga pegas"

En su opinión, eiste un mandato constitucional para que se ampare especialmente a las personas con discapacidad, "pero ni las entidades privadas podemos frecer esta garantía necesaria para que no se den casos de vacío legal, ni la actuación debe ser exclusivamente de la Administración. Esa garantía es muy costosa", precisó.

García Cernuda explicó que se está trabajando para potenciar, favorecer y dinamizar la iniciativa privada en la asunción de tutelas, si bien reconoció que estas entidades necesitan personas físicas o jurídicas que atiendan las necesidades de protección, "porque hay casos en los que no se alcanza".

Por último, subrayó la necesiad de alcanzar un acuerdo entre juzgados, Administración y entidades privadas, con la suficiente vigilancia y garantía, "para que no se pase por encima de los derechos y actuar de acuerdo en ello".

Una joven gerundense de 18 años, que sufre de discapacidad psíquica, se ha quedado sin un sitio donde vivir por un problema de vacío legal, después de haber estado bajo la tutela de la Dirección General y Atención a la Infancia de la Generalitat.