La pérdida del trabajo "puede ser muy problemática" para las personas con discapacidad, ya que les cuesta mucho integrarse laboralmente, argumentó Torres en la Comisión de Discapacidad del Congreso de los Diputados, donde repasó algunas de las modificaciones legislativas que debería adoptar España para ajustarse a la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad.

En este sentido, señaló que España ha de incrementar las ayudas concedidas para la contratación de personas con discapacidad, revisar el sistema de empleo protegido, y plantearse, entre otras medidas, el aumento del dos por ciento de la reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad en la empresa privada, que, según dijo, "es de las más bajas de Europa" y "no se cumple", si bien sí "se ha avanzado bastante" en los últimos tiempos.

En cuanto al empleo público, la representante de Fundación ONCE apostó por complementar el actual sistema de cuotas con "medidas que faciliten el acceso a las pruebas selectivas correspondientes", sobre todo para las personas con discapacidad intelectual.

En su intervención, Torres se refirió también a la baremación de la discapacidad y subrayó que es uno de los puntos que tendrá que reformar la legislación española para adaptarse a la Convención de Naciones Unidas.

Según dijo, lo ideal sería que el certificado que recoge el grado de discapacidad de una persona tenga en cuenta "algo más que la simple pérdida de un órgano, o algo más que la discapacidad que ello conlleva" y determine así las limitaciones que la persona tendrá para poderse integrar en la sociedad.

TUTELA Y CURATELA

Junto a Josefa Torres compareció también Miguel Pereyra, vicepresidente de la Federación Española de Daño Cerebral (Fedace), quien rogó a los parlamentarios españoles que "tengan mucho cuidado" cuando modifiquen la legislación para adaptarla a la convención de discapacidad, especialmente, en el aspecto referido a la tutela y curatela.

"No tengáis prisa, pero poned bien los fundamentos de la tutela y curatela", un ámbito difícil de legislar en el que lo ideal sería encontrar el equilibrio entre la libertad de las personas con discapacidad y el apoyo o amparo que se les presta en esta materia, afirmó.

Aunque Pereyra indicó que lo bueno sería hacer una legislación "a la carta" en el asunto de la tutela y curatela, de manera que se pudiera abordar cada caso de forma particular, reconoció que no es fácil, pues no hay ni tiempo ni formación suficiente para hacerlo.