Entre otros asuntos, Arroyo, Lucas y Rodríguez hablaron de posibles acuerdos sobre la creación de plazas para discapacitados en residencias de la tercera edad y sobre la ampliación del número de funcionarios minusválidos en a Administración pública.

Además, se interesaron por la marcha del convenio firmado el pasado mes de diciembre por la Junta de Castilla y León, Fundación ONCE y la Federación Castellano Leonesa de Asociaciones Pro Deficientes Mentales (FECLAPS), por el que se obligaban a cooperar en las inversiones en centros de atención a deficientes mentales dependientes de Feclaps.

El convenio, cuya vigencia comprende el período 1991-1994, prevé una inversión de 2.356 millones de pesetas, de los que 1.193 serín aportados por la Consejería de Sanidad y Bienestar Social de la Junta, 863 por la Fundación ONCE y 300 por Feclaps.

Los terrenos, edificios e inmuebles creados al amparo del convenio citado se registrarán como de utilidad pública para atender a deficientes mentales por un período de 30 años, y su uso será cedido a entidades y asociaciones que cuiden de estos deficientes.

Para la gestión de estas inversiones, el acuerdo firmado establece un consejo rector constituído por un director -el presidene de Feclaps- y dos vocales y un consejero nombrados por la junta directiva de Feclaps a propuesta de su presidente. Este órgano debe promover las reuniones de la comisión de seguimiento.

El comité, que se reúne trimestralmente y está compuesto por dos representantes de cada parte firmante, supervisa el cumplimiento de los objetivos del convenio.