Entre las medidas previstas en el acuerdo, los firmantes impulsarán la Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Administración de Justicia. Igualmente, se contempla la promoción de la accesibilidad y supresión de barreras, incluidas las de acceso a Internet, en la sede del CGAE y su fomento en las sedes de los diferentes colegios de abogados.

El acuerdo también promueve un servicio de asesoramiento y orentación a personas con discapacidad o sobre asuntos relacionados con ésta, dentro del servicio de justicia gratuita. Asimismo, las tres entidades colaborarán en la sensibilización en los colegios de abogados sobre las necesidades y demandas de los letrados discapacitados.

El convenio marco prevé la creación de un Observatorio de no Discriminación de Personas con Discapacidad. En el ámbito formativo, destaca la realización conjunta de un Master de Protección Jurídica de Personas con Discapacidad, diriido a licenciados en Derecho con discapacidad, y la colaboración con las Escuelas de Práctica Jurídica.

El convenio recoge, por último, la adhesión del Consejo General de la Abogacía a la Declaración de Madrid sobre las Personas con Discapacidad y su compromiso en el cumplimiento de la cuota legal de reserva de empleo de discapacitados o sus medidas alternativas.

El convenio será suscrito por el presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer; el secretario general del CERMI, Carlo Rubén Fernández, y el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán.