Entre las medidas revistas en el acuerdo, los firmantes impulsarán la Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Administración de Justicia. Igualmente, se contempla la promoción de la accesibilidad y supresión de barreras, incluidas las de acceso a Internet, en la sede del CGAE y su fomento en las sedes de los diferentes colegios de abogados.

El acuerdo también promueve un servicio de asesoramiento y orientación a personas con discapacidad o sobre asuntos relacionados con ésta, dentro del servicio de justicia grauita. Asimismo, las tres entidades colaborarán en la sensibilización en los colegios de abogados sobre las necesidades y demandas de los letrados discapacitados.

El convenio marco prevé la creación de un Observatorio de no Discriminación de Personas con Discapacidad. En el ámbito formativo, destaca la realización conjunta de un Máster de Protección Jurídica de Personas con Discapacidad, dirigido a licenciados en Derecho con discapacidad, y la colaboración con las Escuelas de Práctica Jurídica.

Elconvenio recoge, por último, la adhesión del Consejo General de la Abogacía a la Declaración de Madrid sobre las Personas con Discapacidad y su compromiso en el cumplimiento de la cuota legal de reserva de empleo de discapacitados o sus medidas alternativas.

En rueda de prensa, Carlos Rubén afirmó que para los 3,5 millones de personas discapacitadas en España "hoy es un día de tremenda ilusión y felicidad", porque el desarrollo de este convenio facilitará a los abogados las herramientas suficientes paa colaborar en la plena integración de los discapacitados, una cuestión, que, según dijo, "de justicia social".

Por su parte, Alberto Durán destacó que este acuerdo supone un paso más en el ejercicio de los derechos de las personas discapacitadas que reconoce la Constitución. A su juicio, este acuerdo dignifica "la labor de la justicia en este país".

Finalmente, Carlos Carnicer comentó las iniciativas del CGAE en favor de resolver problemas sociales y subrayó que "hoy estamos tremendamente ilusioados" por contar con la experiencia del CERMI y de la Fundación ONCE en este convenio para facilitar el acceso a la justicia a este colectivo.