Bayarri hizo esta afirmación durante su intervención en las II Jornadas de CERMIS autonómicos, que concluyen hoy en Sevilla.

Según sus datos, España dedica el 22'4% de su PIB a políticas de protección social, mientras que la media de la UE es del 28'7%, llegando en algunos países como Dinamarca al 33'6%.

Sin embargo, cuando nos ceñimos a los recursos destinados a la protección de la dependencia el déficit se acentúa, pues "nuestro país tan sólo dedica un 0'33% del PIB a gasto público en servicios sociales de atención a personas con dependencia".

Bayarri aseguró que "el sistema de servicios sociales no ofrece ni garantiza a las personas con discapacidad los servicios específicos que requieren".

Para defender su idea argumentó que "el marco jurídico actual de los servicios sociales no garantiza su universalización y calidad, puesto que ninguna Ley Autonómica de Servicios Sociales incorpora los elementos básicos para la consecución de sistemas de servicios sociales universales y de calidad, así como ningún Estatuto de Autonomía equipara los servicios sociales a los niveles de garantía de los otros pilares del Estado de Bienestar".

Para Bayarri, esto responde a que las transferencias de las competencias del Estado a las Comunidades Autónomas se hicieron mal y a las diferencias en las aportaciones por territorios.

Según el experto, en este momento contamos con algunas oportunidades como la elaboración de la ley de dependencia, cuyo reto es pasar del 0,33% del PIB, que se dedica en la actualidad a la dependencia, a más del 1% en 2015.