El webinario fue moderado por la vicepresidenta ejecutiva de Cermi Mujeres, Ana Peláez Narváez, quien dio inicio al encuentro haciendo una breve contextualización sobre el derecho a una vivienda digna, derecho reconocido en la Constitución española y en el sistema jurídico internacional, como en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948; en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, y en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006.

Según Peláez, pese a la vigencia de todas estas normas, muchas personas con discapacidad, mayoritariamente mujeres, no cuentan con una vivienda digna como consecuencia de un nivel de ingresos más bajos y menores oportunidades de acceso a créditos y a un trabajo formal.

“Las mujeres mayores con discapacidad se enfrentan en particular a numerosas dificultades para acceder a una vivienda adecuada, tienen más probabilidades de ser institucionalizadas y no tienen un acceso equitativo a programas de protección social y reducción de la pobreza”, denunció la vicepresidenta ejecutiva de la FCM en el webinario, que se celebró ayer miércoles.

Según señalan las normas internacionales, “una vivienda digna debe ser segura para sus habitantes; disponer de servicios, materiales, instalaciones e infraestructuras; ser asequible, habitable, accesible, y estar bien ubicada y adecuada al contexto cultural”, recordó Peláez, quien exigió también la consideración de todas estas demandas en la actual tramitación del proyecto de ley de vivienda.

A continuación, mujeres con discapacidad ofrecieron testimonios en primera persona que pusieron de manifiesto las múltiples dificultades a las que se están enfrentando día a día para salir de casa, para pagar un alquiler, para la concesión de una hipoteca o para la búsqueda de una vivienda libre de barreras arquitectónicas.

Así, la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres con Discapacidad en Andalucía (Famdisa), María Jesús Pérez, afirmó que “el problema para las personas con discapacidad está en que las viviendas sean accesibles y asequibles”.

En relación con la primera condición, Pérez subrayó la necesidad de garantizar que la Ley de Propiedad Horizontal incluya el principio de accesibilidad universal en los elementos comunes de los edificios, y que la Ley de Dependencia incluya una oferta amplia de servicios de apoyo compatibles para la vida en la comunidad, como la asistencia personal y la ayuda domiciliaria.

En relación con el segundo requerimiento, la presidenta de Famdisa enfatizó la precariedad económica que sufren las mujeres con discapacidad, quien no en pocas ocasiones se ven obligadas a renunciar a la vida laboral por no disponer de ofertas de trabajos con sueldos dignos para pagar el alquiler de una vivienda básica.

El webinario concluyó con los comentarios de participantes, quienes se sumaron a la denuncia de que, hoy en día, la vivienda, más que un derecho, es un artículo de lujo al que muchas mujeres con discapacidad no pueden acceder, y resaltaron la necesidad de contar con una amplia oferta de viviendas públicas que dé respuesta a las necesidades que éstas presentan.