En esta propuesta, que será trasladada al Gobierno, según indicaron a Servimedia fuentes sindicales, los sindicatos proponen que los servicios mínimos en conjunto no superen el 25%, lo quesignifica que de los 1.830.000 funcionarios convocados a la huelga, sólo deberían trabajar unos 457.000 el día 11.

Según los sindicatos, el próximo día 11 debería cerrar "todo aquello que no sea servicio esencial", estableciéndose servicios mínimos exclusivamente para los servicios que se consideran esenciales para la comunidad y los ciudadanos, como hospitales, bomberos, servicios sociales (como residencias de ancianos), guardas forestales y otros.

Los sindicatos consideran que estos servicios dberían funcionar como un domingo o festivo, con aproximadamente el 50% de la plantilla, con lo que se respetan el derecho de los ciudadanos a los servicios mínimos y el de los trabajadores a la huelga.

En el caso de la justicia, según los sindicatos, sólo tendrían que funcionar el día 11 los juzgados de guardia, como un domingo, mientras que en los colegios, universidades y todo lo que no sean servicios esenciales a la comunidad debería cerrarse ese día, trabajando únicamente los guardas y servicios d seguridad de los edificios.

En declaraciones a esta agencia, Carlos Sánchez, secretario general de la Federación de Administración Pública, se mostró convencido de que los mínimos que decrete finalmente el Gobierno para la huelga de los empleados públicos "serán abusivos", por lo que "tendremos que pelear".

Sánchez indicó que "recurriremos todos los que sean abusivos, y, si son abusivos, no los respetaremos". Recordó que en la anterior huelga general convocada en las administraciones públicas, afinales de 1992, se decretaron unos mínimos muy altos, de más del 50% globalmente, que fueron recurridos en muchos casos.

Enrique Alonso, secretario de Acción Sindical de CSI-CSIF, también se mostró seguro de que el Gobierno fijará unos mínimos muy altos. Indicó que en otras ocasiones se ha dado, incluso, la paradoja de que los servicios mínimos en determinados servicios o sectores obligaban a más personal de los que tenían en plantilla.

Alonso declaró a esta agencia que el Gobierno podría utilizr los servicios mínimos como "instrumento desmotivador y desactivador del conflicto", pese a lo cual expresó su seguridad de que el seguimiento de la huelga de los empleados públicos será muy elevado.