La plataforma conjunta, formada por las centrales CCOO, UGT, CSI-CSIF, USO, CGT, CIGA, SUP y USP, que se reunió esta mañana en Madrid, ha convocado concentraciones para el próximo día 30 ante las sedes del Ministerio de Economía, gobiernos civiles y delegaciones del Gobierno.

Además, el 15 de octubre, coincidiendo con el debate de los Presupuestos en el Congreso de los Diputados, tendrán lugar manifestacones en todo el territorio nacional. En el caso de Madrid, se entregará un escrito al presidente del Congreso, Federico Trillo, en el que los sindicatos expresarán su rechazo a la congelación salarial y solicitarán la apertura de negociaciones.

La plataforma sindical anunció en rueda de prensa que van a solicitar a los funcionarios que bajen al mínimo sus niveles de consumo, como una forma de protesta adicional que sumar a las movilizaciones previstas.

Los sindicatos han llegado a un acuerdo de uidad de acción en el que consideran que la decisión del Gobierno "es un atentado gravísimo contra el derecho a la negociación colectiva".

Destacan además que este colectivo perderá 11,2 puntos en los últimos cinco años de llevarse a cabo esta medida. También ha solicitado la convocatoria del Consejo Superior de la Función Pública, con el fin de que las comunidades autónomas manifiesten su postura sobre la congelación salarial de sus propios funcionarios.

José Luis Lacuerda, secretario general de a Federación de Servicios Públicos de UGT, manifestó que no descarta la convocatoria de una huelga "cuando sea oportuno", aunque matizó que "tenemos todavía medidas de presión por realizar".

Por su parte, Carlos Sánchez, secretario general de la Federación de Administración Pública de CCOO, hizo un llamamiento para acabar con la "resignación" que los funcionarios muestran hacia este tema y anunció que la plataforma se reunirá el 17 de octubre para estudiar la convocatoria de nuevas movilizaciones.

A su vez, el secretario de Acción Sindical de CSI-CSIF, Enrique Alonso, criticó la explicación de que la congelación salarial supondrá el ahorro de 200.000 millones de pesetas. Según sus cálculos, medidas como la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, así como el pago a la Seguridad Social de lo que se le adeuda, supondrían unos ingresos de 1,5 billones.

El secretario general del SUP (Sindicato Unificado de Policía), José Manuel Sánchez Fornet, añadió que el ambiente de crispación es ayor entre las fuerzas de seguridad del Estado y no descartó medidas como el cumplimiento estricto del reglamento para solucionar el conflicto.