Según informaron, los funcionarios habían faclitado a la Secretaria General de Instituciones Penintenciarias todos los hechos irregulares detectados desde que era director del centro Rafael Fernández Cubero, actual director de Sevilla-II, para solicitar la realización de auditorías.

Entre las irregularidades denunciadas destacan las relacionadas con los presos que realizaban obras en el domicilio del director, salidas nocturnas para cerrar bombas de agua sin vigilancia, o el manejo de grandes cantidades de dinero para realizar compras.

Otrade las denuncias se refiere al trabajo realizado por los funcionarios "faltando plantilla se permite dedicar a funcionarios a cuestiones totalmente atípicas tales como "coordinador de limpieza", y al ascenso de categoria de funcinarios con menores méritos y puntuación.

Además, los funcionarios acusaron a Miguel Angel Ortiz, actualmente destinado a la oficina donde se tramitan los permisos y clasificación de reclusos, de conceder permisos a presos sin contar con la autorización judicial, o de ocultar hchos que pudieran ser causas de negación de permiso como el caso del narcotraficante José García Aranda, alias "Gordo Micaela", que duante los permisos dirgía un ared de narcotráfico.

A preguntas de los periodistas sobre las comunicaciones de los presos terroristas, los funcionarios aclararon que éstas tienen que pasar por una autorización de la dirección de Madrid, y el director autorizó comunicaciones del Grapo Balmón Castells con varias personas, cuando efectuaba una huelga de hambre.

Asimismo reiteraron las acusaciones de falsificación de diligencias, certificaciones y pronósticos finales y actas de clasificación de internos y de Juntas de Régimen y Administración.