Estos cálculos, hechos por el portavoz socialista de Administraciones Públicas, Angel Martínez Sanjuán, supondrían la imposibilidad de alcanzar el objetivo del déficit cero, en caso de que el Gobierno decidiera resarcir la deuda en un solo año.

Sanjuán declaró a Servimedia que "los socialistas no somos unos irresponsables", y por ello defienden la apertura de negociacionescon los sindicatos de la función pública, con el fin de llegar a un acuerdo para pagar por anualidades el coste que supone la aplicación de la sentencia.

En principio, la sentencia de la Audiencia Nacional afecta a más de 600.000 funcionarios de la Administración General del Estado, aunque "por extensión" se tendría que haber aplicado a los empleados públicos de las comunidades autónomas y las administraciones locales, dijo el portavoz socialista.

La masa salarial que contemplaban los Presupuesto Generales del Estado del año 1997 para los funcionarios de la Administración General era de 1,9 billones de pesetas, lo que significa que la deuda acumulada desde ese año hasta 2001 suma 275.000 millones de pesetas.

Los socialistas entienden que los funcionarios adscritos a la Administración General del Estado son sólo una tercera parte del total, lo que significaría que la deuda total podría ascender a 750.000 millones de pesetas, un 0,7 por ciento del PIB.