En declaraciones a Radio Nacional, Piqué dijo que la sentencia no estima el hecho de que los acuerdos de una mesa de contratación "no pueden ir más allá de la propia soberanía, no ya de la decisión del Gobierno en un momento determinado, sino de la propia soberaía de las Cortes Generales, al aprobar unos presupuestos que respondían a la necesidad de hacer todo lo posible para estar en la Unión Económica y Monetaria y cumplir lo que se llamaban las condiciones de Maastricht".

A su juicio, la decisión económica adoptada en su día por el Gobierno español "fue enormemente oportuna, porque permitió que España esté ahora en el primer bloque de los países que empujan de la UE y que podamos disponer del euro a partir de enero del año próximo".

"Por tanto", añadó, "la interpretación que hace la sentencia obvia estas cuestiones y, por ello, el Gobierno va a recurrirla y espero que estos argumentos se pongan encima de la mesa y, al final, no entremos en una dinámica de desequilibrio presupuestario, que es precisamente a la que nos habían condenado los anteriores gobiernos socialistas y que tuvo consecuencias tan negativas".

En relación a esta cuestión, finalizó diciendo que la sentencia no es motivo de fricción entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, pero apunó que "es absolutamente lógico que si no se comparte el contenido de la sentencia se recurra y eso lo hacen todos los días los particulares, la Administración, y lo puede hacer perfectamente el Gobierno".