Se trata de uno de los puntos incluidos en la propuesta de Estatuto Básico del Empleado Público, elaborada por el Ministerio de Administraciones Públicas. El presidente del Gobierno ha anunciado que este estatuto será aprobado este mismo año.

El texto, que consta de 70 páginas, y al que ha tenido acceso Servimedia, ya ha sido remitido a los sindicatos representados en la Mesa la Función Pública: FSAP-CCOO; FSP-UGT, y CSI-CSIF. Consta de 16 capítulos, más las disposiciones adicionales, transitorias y finales, y de un total de 91 artículos.

La propuesta del Ejecutivo afirma que "la continuidad en un puesto de trabajo obtenido por concurso quedará vinculada a la evaluación del desempeño" de la labor encomendada.

"A tal efecto", continúa el texto, "cada Administración determinará los sistema de evaluación correspondientes" para valorar el papel de los funcionarios.

No obstante, la propuesta establece un periodo mínimo de desempeño de los puestos de trabajo obtenidos por concurso, es decir, que los funcionarios no podrán ser destituidos de sus cargos hasta que pase el tiempo que se estime oportuno.

El Gobierno encargó a una Comisión de Expertos la redacción de una primera propuesta que ha servido como base para la elaboración del texto remitido a los sindicatos, en forma de anteproyecto de Ley de Estatuto Básico del Empleado Público.

DEMANDA POLITICA Y SOCIAL

En la exposición de motivos del anteproyecto, el Gobierno apunta que "demandan este texto las comunidades autónomas que precisan de este instrumento para desarrollar sus propias funciones públicas, las organizaciones sindicales que necesitan un texto que compile la normativa en relación con la negociación y la participación de los empleados y, finalmente, también las corporaciones locales a las que numerosos preceptos de esta ley se aplican".

La propuesta del Ejecutivo reconoce también el derecho de todos los funcionarios a la promoción profesional, tanto horizontal, dentro de la misma categoría, como vertical, mediante el ascenso a puestos de trabajo de superior nivel.

En el artículo 54, el borrador establece las bases de las retribuciones de los funcionarios y afirma que las cuantías de sueldo y trienios para cada subgrupo profesional deberán ser iguales en todas las administraciones públicas.

COMPLEMENTOS CCAA

Sin embargo, dota a los Gobiernos autonómicos de la potestad de aplicar "retribuciones complementarias" para los funcionarios de su Administración.

Estos complementos deberán atender a una serie de factores: el nivel alcanzado por el funcionario, la especial dificultad técnica de las condiciones de trabajo o el grado de interés o esfuerzo que muestre el emplado público.

En este último caso, el texto fija el requisito de que las comunidades cuenten con un sistema ojetivo de evaluación del rendimiento de los funcionarios.

Además, el anteproyecto de Estatuto limita el ejercicio de actividades privadas por parte de los funcionarios. En este caso, las ganancias de los trabajadores por estas actividades no podrán superar en más de un 10% al sueldo base de su empleo en la Administración, excluidos los incrementos por antigüedad.

La iniciativa del Ejecutivo incluye también un código de conducta de los empleados públicos, en el que establece la prohibición de "contraer obligaciones económicas y de intervenir en operaciones financieras con personas o entidades cuando pueda suponer un conflicto de intereses con las obligaciones de su puesto público".

5% DISCAPACITADOS

Sobre el acceso de las personas con discapacidad al empleo público, el Gobierno fija un cupo mínimo del 5% en la reserva de vacantes para las personas con un grado de minusvalía igual o superior al 33%.

Los que accedan a los puestos reservados en este cupo deberán superar los procesos selectivos y acreditar el grado de discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las funciones.

Por otra parte, en su artículo 39, el anteproyecto de Estatuto excluye a los sindicatos de participar en los tribunales que evalúan las pruebas de selección del personal.

Cuando el Comité de Expertos anunció esta medida, que se incluía en la propuesta presentada en abril, los sindicatos aceptaron no participar en los tribunales, aunque pidieron al Ejecutivo estar presentes en las pruebas "como vigilantes sin voto".

Por último, la iniciativa incluye la creación de un Observatorio de Empleo Público. Esta plataforma estaría vinculada funcionalmente a la Comisión de Coordinación del Empleo Público y su función sería la de "recabar, ordenar, analizar y difundir información, así como realizar estudios" sobre el trabajo en la Administración Pública.