Enlas más de doscientas entrevistas realizadas a jueces y magistrados de todos los órdenes jurisdiccionales y de todas las instancias, han sido excepcionales las respuestas que estiman que se está cumpliendo el horario fijado para las oficinas judiciales, que es de 37 horas y 30 minutos semanales.

"La generalidad de los entrevistados ha reconocido palmariamente que la banda horaria de cumplimiento alcanza en el mejor de los casos entre las 28 ó 30 horas semanales, y no ha faltado quien la ha situado aúnpor debajo", recoge el Libro Blanco de la Justicia.

Esta situación coincide además con el último informe del Defensor del Pueblo en el que éste centra su atención en el control de los horarios en los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.

El Defensor del Pueblo muestra su sorpresa porque "existiendo datos fehacientes, acreditados de forma exhaustiva del incumplimiento reiterado de las treinta y siete horas y treinta minutos semanales, no se haya impuesto hasta la fecha ningunasanción en dicho sentido".

PROFUNDA INSATISFACCION

Las encuestas encargadas por el CGPJ para elaborar este Libro Blanco han mostrado, según se recoge en sus páginas, que en la sociedad existe un extendido estado de opinión que refleja una profunda insatisfacción con el funcionamiento de la Administración de Justicia y que afecta muy negativamente a la confianza del pueblo español en ella.

A la pregunta sobre la confianza en las instituciones públicas, los encuestados situaron a la Justicia en e puesto decimotercero, de un total de quince, en cuanto al grado de confianza que suscita. Además, todos los encuestados hicieron referencia a la cuestión de la excesiva duración de los procesos judiciales.

En la encuesta, realizada a principios de 1997, un 51 por ciento de los preguntados negó la imparcialidad de los tribunales, frente al 45 por ciento que habían estimado en 1990 que los tribunales, en general, no eran imparciales.

Esto demuestra, según el CGPJ, que tras una fase de incremento d la confianza de los ciudadanos en la Justicia, que coincidió con la transición a la democracia y el proceso constituyente, se hace evidente a lo largo de los años ochenta y noventa un gradual deterioro de su imagen.