En declaraciones a Servimedia, el portavoz de la APM, José Luis Requero, aseguró que la sentencia se limita a revisar la legalidad de una actuación de la Administración, tarea que compete a los tribunales de lo contencioso administrativo desde hace 200 años, por lo que no ha habido ninguna extralimitación por parte de la Audiencia Nacional. Requero mostró su malestar por las manifestaciones de algunos miembros del Gobierno contra la sentencia y les recordó que deben ceñirse a la crítica jurídica. "No se puede interpretar todo con la simpleza de una invasión de competencias", dijo, antes de recordar al Ejecutivo que normalmente el Estado gana entre el 60% y el 70% de los recursos de lo contencioso y, en esos casos, no dice nada. "Lo que tenga que decir, que lo diga mediante recursos", apostilló.

Precisamente sobre la posibilidad de rcurrir la decisión de la Audiencia, manifestó que sólo cabe el denominado recurso por interés de ley -que sirve para fijar doctrina, pero sin capacidad para modificar la sentencia-, y que será finalmente el Tribunal Supremo el que tenga que decidir si la sentencia ha modificado la doctrina y ha antepuesto un pacto entre el Gobierno y los sindicatos a la Ley de Presupuestos que aprueba el Congreso de los Diputados.

Por su parte, la portavoz de la asociación progresista Jueces para la Democracia (JPD), onserrat Comas, aseguró a esta agencia que esa asociación se "identifica plenamente" con el fallo de la Audiencia, que consideró como "muy positivo".

Para Comas, la congelación de los salarios de los funcionarios fue "una injusticia", al anular un acuerdo anterior, por lo que se alegró de que la Audiencia "restituya estos derechos en justicia y legalidad".

Jueces para la Democracia rechaza la opinión del Gobierno de que la sentencia supone una invasión de competencias en el poder legislativo y asgura que el fallo es "todo lo contrario", es decir, la demostración de que la justicia vela para que el resto de poderes cumpla la legalidad vigente.

Finalmente, Comas exigió al Gobierno que cumpla la sentencia y abra una negociación con los funcionarios para pagar cuanto antes el importe de lo no abonado en 1997 y los atrasos correspondientes acumulados desde esa fecha.