El ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, mantuvo a lo largo de esta tarde contactos con los máximos responsables de las federaciones de servicios públicos de estos sindicatos, Julio Lacuerda (FSP-UGT), Fernando Lezcano (FTE-CCOO) y Domingo Pérez (CSI-CSIF), según informaron a Servimedia fuentes sindicales.

Arenas ha convocado a las 16,30 horas de mañana la Mesa General de la Función Pública, en la que el Gobierno confía en plasmar de fora definitiva el acuerdo.

Para 2003, la propuesta del Gobierno pasa por una subida salarial del 2%, al que se suma otro 0,89% que se consolidaría a través del denominado "complemento de destino", o directamente en la nómina para los funcionarios sin dicho complemento. Es decir, se garantiza una subida de sueldo para todos los empleados públicos del 2,89%.

El 0,31% restante beneficiaría únicamente a los 400.000 empleados de la administración central. Sindicatos y Gobierno deberían pactar criterios ara su distribución. El Ejecutivo central recomendaría a las comunidades autónomas y ayuntamientos que adoptaran una medida similar con sus funcionarios.

Para 2004, el Ejecutivo mantiene también un crecimiento salarial del 3,2%, pero hay diferencias en la distribución del 1,2% adicional a la previsión de inflación.

Se destinaría un 0,36% a través del "complemento de destino" para todos los funcionarios. Los de la administración central recibirían, además, un 0,6% para un fondo de pensiones y un 024% adicional, cuyos criterios de reparto deberían pactar Gobierno y centrales sindicales.

Esta propuesta no convence aún del todo a los sindicatos, que demandan para 2003 una subida mayor al 3,2% que oferta el Gobierno. En el caso de 2004, la petición es que se incremente el 0,36% que tiene previsto destinar el Gobierno a través del "complemento de destino".

Otros dos puntos de discrepancia son la posibilidad de que determinados empleados trabajen por la tarde. Según los sindicatos, sólo aquello funcionarios que trabajan cara al público deberían tener jornada partida, para los cuales habría que fijar una serie de incentivos.

Según la última propuesta realizada por Administraciones Públicas, el Ejecutivo decidiría la cuantía y el modo de incentivar a estos trabajadores. Dicha discrecionalidad no es aceptada por los sindicatos.

Asimismo, las centrales sindicales no están dispuestas a aceptar, en los términos actuales de la propuesta del Gobierno, la movilidad geográfica de los empleados pblicos.