Cabanillas recordó que la sentencia anula cuestiones "tan fundamentales"como la capacidad normativa de las Cortes y la potestad del Gobierno para fijar su política económica, por lo que se recurrirá en defensa del interés general y de la labor de cualquier Ejecutivo.

Por la importancia de ambas cuestiones, según dijo, el Gobierno rechaza hablar ahora de negociar con los sindicatos "hipotéticos" montantes económicos a abonar, puesto que el Ejecutivo no cree que la obligación del pago que establece la sentencia "se convierta en realidad".

Por su parte, Montoro aseguró ue los cálculos que se pueden hacer ahora son "estimativos", ya que ha habido muchos cambios en los trabajadores de la Administración en los últimos años con motivo del proceso de traspaso de competencias a las comunidades autónomas.

Respecto a cómo afecta la sentencia a los objetivos presupuestarios del Gobierno, el titular de Hacienda dijo tajantemente que el déficit cero "no se verá cambiado por la sentencia", ni tampoco las previsiones de crecimiento económico y creación de empleo para los próximo años.

Finalmente, recordó que, gracias al esfuerzo hecho por los funcionarios con la congelación salarial de 1997, España pudo participar en el grupo de países de la Unión Europea (UE) que nos permitió "fundar el euro" y la sentencia está "cuestionando" los resultados del esfuerzo.

OPORTUNISMO

El ministro portavoz, Pío Cabanillas, arremetió contra la postura del PSOE en relación con la sentencia de la Audiencia Nacional y criticó su actitud "enormemente demagógica, oportunista y sorpredente". Recordó que el PSOE congeló también los salarios públicos en 1994 y que, en 1996, cuando el PP llegó al poder se encontró con una mala situación económica que significaba la "quiebra de la Seguridad Social" y unos altos niveles de paro y déficit público, lo que obligó a la congelación para poder cumplir los objetivos de convergencia europea fijados en Maastricht.

Cabanillas insistió en que si los socialistas piden que se cumpla la sentencia, están considerando "irrelevante" la potestad que la Consitución otorga a las Cortes para debatir los Presupuestos Generales del Estado y, lo que es más grave, "por ganar una baza demagógica de un día", están admitiendo que el Gobierno no puede marcar su política económica.

Recordó al PSOE que este hecho les puede afectar en el "caso hipotético" de que lleguen al Gobierno y les advirtió de que, según la sentencia, el actual Gobierno puede fijar una subida salarial para los próximos 20 años y los ejecutivos futuros no podrán hacer nada.

"Son cuestiones onstitucionales claves de nuestro sistema político y es francamente decepcionante el oportunismo, la demogacia y la insolvencia que se deriva de las declaraciones de la oposición", finalizó Cabanillas.