Así contestó Fidalgo al ser preguntado sobre el informe de los Servicios Jurídicos del Congreso, que apunta como posibilidades de las cámaras para entrar en el conflicto de la sentencia personarse en el recurso de casación presentado por el Gobierno, o que losdiputados y senadores recurran en amparo de forma individual ante el Tribunal Constitucional.

En declaraciones a Servimedia, Fidalgo explicó que el Parlamento es soberano, pero matizó que la soberanía parlamentaria tiene algunos límites, como la Constitución y la legislación vigente, y recordó que la legislación vigente no sólamente es la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Insistió en que la ley 7/90, que regula el derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos, está en vigor y que, por lo tanto, si al Parlamento no le gusta, lo único que puede hacer es cambiarla.

"Para mí no hay un problema de competencias", insistió Fidalgo, quien recalcó que igualmente que es un problema de personal lo que se decide en el fallo, como reconoce la sentencia e incluso el abogado del Estado, según dijo.

El líder de CCOO aseguró que hay dinero para pagar lo que se debe a los funcionarios, pero dijo que "es un problema de opciones". En este sentido, recordó que la reforma del IRPF llevaa a cabo por el Gobierno ha supuesto que se dejen de ingresar cada año 800.000 millones de pesetas.

Fidalgo dejó claro que los sindicatos no pueden aceptar que se rebaje la cuantía de lo que se debe a los funcionarios, porque hay que respetar la sentencia. Indicó que el Gobierno deberá decidir de dónde saca el dinero.

MOVILIZACIONES

En cuanto a las movilizaciones que convocarán los sindicatos para presionar al Gobierno a que cumpla la sentencia, explicó que estos días están hablando con UGT par ponerlas en común y que en breve las anunciarán él mismo y Cándido Méndez.

La propuesta de movilizaciones que CCOO ha trasladado a UGT consiste en la convocatoria de asambleas, manifestaciones en los meses de febrero, marzo, abril y mayo, para desembocar en huelgas graduales, parciales y generales en las administraciones públicas en mayo y junio.