Este pacto recoge una subida salarial del 2% en el 2000 para los alrededor de 600.000 funcionarios de la Administración del Estado y un fodo adicional de 13.000 millones para incentivos salariales por mejora del servicio público y de la productividad. El acuerdo no ha sido firmado por la Federación de Servicios Públicos de UGT, aunque no se descarta que sus órganos de dirección decidan firmarlo el próximo lunes.

En declaraciones a Servimedia, Ferrer destacó la falta de consenso con que ha salido adelante este acuerdo, y denunció que lo pactado está "lejísimos" de la plataforma unitaria de mínimos que llevaron UGT y CCOO a las negociacioes, en la que pedían un aumento salarial del 3% en el 2000, la compensación de las seis décimas de desviación del IPC en 1999 y una cláusula de revisión salarial para proteger el poder de compra de este colectivo.

Ferrer no quiso entrar a criticar directamente la decisión de CCOO de firmar el acuerdo con el Gobierno, pero dijo que, "si se plantea una plataforma unitaria que es fruto del trabajo conjunto, el empeño tiene que ser defenderlo, porque eso es lo que esperan los trabajadores de la función púlica".

Para Ferrer lo que se ha aprobado en materia retributiva es una subida del 2%, y aseguró que lo demás, en alusión al fondo adicional, es "toda una serie de confusión, de compromisos ya adoptados y de deudas producto de esos compromisos que hay que consolidar en los Presupuestos del 2000".

"No habrá recuperación del poder adquisitivo perdido por los empleados públicos, la subida del 2000 se sujetará a una previsión de inflación que tiene poca credibilidad y todo apunta a que no se cumplirá,y, en materia de empleo, no se avanza en la mejora de la calidad del empleo", denunció.

Además, Ferrer añadió que en el acuerdo se olvidan de los empleados públicos de las comunidades autónomas y ayuntamientos, cuyos salarios crecerán sólo un 2% el próximo año, y también de la jornada de 35 horas, que también era otra reivindicación central de la plataforma de los sindicatos.

A su juicio, con la firma de este acuerdo se ha desaprovechado una oportunidad para consolidar el empleo público, reducir a temporalidad en la Administración, mejorar el poder adquisitivo de los funcionarios en una etapa de bonanza económica y garantizar el poder de compra de este colectivo en el futuro.