Esta concentración será la primera movilización de los empleados públicos tras la ruptura de las negociaciones con el Gobierno en el marco de la Mesa de la Función Pública. Ni UGT ni CCOO descartan una huelga general, como l del pasado 14 de diciembre, pero entienden que hay otros mecanismos "más contundentes", según el secretario de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Julio Lacuerda.

UGT y CCOO abogan por lograr un acuerdo con el Gobierno, ya que un desencuentro en el primer año de legislatura desembocará en un "desencuentro completo durante los próximos tres años".

Lacuerda manifestó que los empleados públicos mantienen sus reivindicaciones de conseguir una cláusula de revisión salarial y recuperar el pode adquisitivo perdido en los últimos años, que cifró en el 6,5%. "Emplazamos al Gobierno a que atienda a nuestras reivindicaciones", indicó el dirigente ugetista.

Por su parte, el secretario general de la Federación de Servicios y Administraciones Públicas de CCOO, Carlos Sánchez, señaló que los cinco años del Gobierno del PP se han caracterizado por el "desprecio a los servicios públicos y también a los servidores públicos". En la etapa democrática, "nadie como el PP ha ninguneado a los funcionarios". El dirigente de CCOO criticó también que en la etapa del PP en el Ejecutivo la temporalidad en la función pública ha subido seis puntos, del 16,5% al 22,59%, unas 475.000 personas.

Lacuerda y Sánchez instaron al Gobierno a negociar con los empleados públicos un acuerdo sobre rentas y empleo como el que tratan de pactar sindicatos y empresarios en el ámbito privado. "No puede ser que el patrón Estado, con 2,2 millones de trabajadores, no participe en este debate", indicó el dirigente de CCOO.

Entre las reivindicaciones que mantienen actualmente los empleados públicos se encuentran, además de la recuperación del poder adquisitivo y la implantación de cláusulas de revisión salarial, la eliminación de la tasa de reposición de vacantes, la retirada de la movilidad geográfica forzosa y la implantación del Estatuto de la Función Pública.

En opinión de Lacuerda, al Gobierno "le viene peor" que otros años un conflicto con los empleados públicos, ya que "tiene muchos problemas encima de la mesa queno puede resolver y que le hacen estar más intranquilo".