En esta consulta están llamados al voto 9.500 trabajadores de siete comunidades autónomas (Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, La Rioja, Baleares y Asturias), además de Ceuta y Melilla y los órganos judiciales de ámbito estatal, como el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional.

Los representantes de los sindicatos de los funcionarios en huelga -CCOO, STAJ, CSI-CSIF y UGT- indicaron que están de acuerdo con el fondo del acuerdo alcanzado con Bermejo, pero se mostraron radicalmente en contra de las "formas" con las que se cerró el compromiso y denunciaron haber sido "puenteados" por sus superiores sindicales.

En contra de la voluntad de las bases de los sindicatos y de los representates sectoriales, el secretario general de la Federación de Servicios de Administraciones Públicas de CCOO, Miguel Segarra, y el secretario general de la Federación de Servicios de UGT, Julio Lacuerda, escenificaron el domingo con el ministro Bermejo el acuerdo alcanzado y decidieron desconvocar inmediatamente la huelga sin consultar el texto a sus afiliados.

Por su parte, el secretario general de STAJ, Vicente Navarro, explicó a Servimedia que tanto su sindicato como CSI-CSIF decidieron esperar para desconvocar la huelga a que los trabajadores refrenden el acuerdo alcanzado, aunque señaló que están "satisfechos" con él y dijo que están promoviendo el "sí" en la consulta.

Tal fue el enfado de los huelgistas que tanto Segarra como Lacuerda tuvieron que ser escoltados ayer a su salida del Ministerio de Justicia. En la asamblea celebrada hoy por los cuatro sindicatos en el Tribunal Supremo, muchos de las funcionarios presentes solicitaron a gritos la dimisión Segarra y Lacuerda.

CONFUSIÓN Y ENFADO

A pesar del fuerte desencuentro entre los máximos responsables de las federaciones sindicales y los funcionarios, los representantes de las cuatro organizaciones han decidido pedir el "sí" a los trabajadores.

Ante el ambiente de confusión y de crispación, el responsable estatal de CCOO para la Administración de Justicia, Javier Hernández, tuvo que explicar a los trabajadores que quien vote "no" en esta consulta "tiene que ser consciente de que hay que continuar la huelga".

Asimismo, Hernández pidió que las protestas contra Bermejo y contra los responsables de las federaciones sindicales se articulen por otros cauces y no en el referéndum.

Mientras Ana García, la representante de UGT que estuvo en todas las mesas de negociación desde el inicio de la huelga, aseguraba que con el acuerdo alcanzado ayer "ha perdido el sindicalismo", Yolanda Palomo, secretaria federal para la Administración General del Estado de la misma organización, explicó a Servimedia que el compromiso de Bermejo combina "la satisfacción de los trabajadores y la restitución de un servicio público vital".

De hecho, en la asamblea celebrada hoy en el Tribunal Supremo muchos de los trabajadores que están vinculados a UGT expresaban a gritos su intención de desafiliarse del sindicato.

Por su parte, Hernández calificó la actitud de su superior Segarra de "lamentable ejercicio de autoritarismo y manipulación" y le acusó de proceder "contra los trabajadores", por no haber esperado a conocer la desición de los funcionarios antes de desconvocar la huelga.

El acuerdo alcanzado el domingo contempla un incremento salarial de 190 euros -frente a los 200 reclamados por los sindicatos-, una subida que se articularía en tres fases.

En una primera etapa, el salario de los trabajadores se incrementaría 160 euros mensuales este año, de los cuales 80 se concederían con efecto retroactivo desde el 1 de enero y otros 80 se comenzarían a pagar el 1 de julio.

Los 80 euros no abonados de los primeros seis meses del año se incluirían en una paga extraordinaria de 480 euros, que se haría efectiva en enero de 2009. En ese año se mantendrían estas cantidades y se ampliarían en 30 euros más.

Las urnas estarán abiertas hasta las 16.00 horas en todos los órganos judiciales en los que se está celebrando la huelga y los resultados se conocerán a partir de las 19.00 horas.