El programa de movilizaciones para todo el primer semestre de este año, acordado por la dirección confederal de CCOO y por su sindicato de funcionarios, es una propuesta abierta que será ofrecida a UGT y CSIF, si bien esta última central ya ha dado su isto bueno, según informó a Servimedia Carlos Sánchez, coordinador general del Area Pública de CCOO.

De acuerdo con la propuesta de CCOO, las movilizaciones comenzarán en la semana del 12 al 18 de febrero, con una manifestación de funcionarios en las 52 cabeceras de provincia, que se repetirá cada dos meses. Esa misma semana habrá encierros de delegados sindicales en sedes de edificios públicos.

Además, en todos los centros de la función pública habrá mensualmente asambleas y posteriores concentrciones de los trabajadores ante la puerta de los edificios. Con esa misma periodicidad, y coincidiendo con la publicación mensual del dato del IPC por el Instituto Nacional de Estadística, se realizarán concentraciones de delegados sindicales ante las sedes de las Subdelegaciones y Delegaciones del Gobierno y, en el caso de Madrid, ante la sede del Ministerio de Economía.

También habrá una asamblea de delegados sindicales de la función pública en Madrid entre abril y mayo, y posteriormente se convocar una manifestación de empleados públicos, con el objetivo de reunir en la capital de España a unos 250.000 funcionarios de toda España.

El plato fuerte de las movilizaciones llegará entre mayo y junio, cuando se desarrollarán las huelgas, de menor o mayor intensidad, empezando con paros de una hora de duración alternados en distintos sectores de la función pública (sanidad, correos, enseñanza, etcétera), que culminarán con jornadas de huelga general.

Carlos Sánchez señaló que el objetivo final delos sindicatos es obtener el pago de los salarios atrasados; conseguir un acuerdo plurianual con el Gobierno que garantice la cláusula de revisión salarial de ahora en adelante, que disminuya la temporalidad y que suprima el tope a la reposición de las bajas, y forzar al Ejecutivo a remitir al Congreso un proyecto de Estatuto Básico de la Función Pública.