CCOO considera que el recurso de casación presentado por el Gobierno ante el Tribunal Supremo no debe parar la ejecución de la sentencia, según establece el artículo 91 de la Ley Juridisdicción de lo Contencioso-Administrativo, que señala que la preparación del recurso de casación no impedirá la ejecución provisional de la sentencia recurrida.

Para este sindicato, que el Ejecutivo no page los atrasos a los funcionarios provoca "un enriquecimiento injusto a favor del Gobierno y un menoscabo en la economía del trabajador de la Administración pública".