El ex director de la Oficina Presupuestaria insistió en que el acuerdo tomado en su día por el Gobierno "estaba de acuerdo con la normativa vigente y las Cortes así lo reconocieron, al aprobar la Ley de Presupuestos de 1997".

Recordó que el acuerdo previo firmado por los sindicatos y el Ejecutivo "no se puede considerar una obligación" que conduzca a incumplir la Ley General Presupuestaria. "Es pacto entre Gobierno y sindicatos era una previsión del año 1995, pero el crecimiento del gasto de la subida de los salarios vendrá dado por lo que dicen los presupuestos y nada más; la obligación nace cuando se aprueba el crédito presupuestario para cubrir ese gasto", insistió.

Finalmente, aunque reconoció no ser un experto jurídico, destacó su conocimiento de la Ley Presupuestaria, que dice que "serán nulos de pleno derecho" los actos administrativos y las disposiciones generales con rango inferiora ley que infrinjan la obligación de contraer gastos por encima del crédito presupuestario. "No puede ser que haya un gasto comprometido en 1994 que hipoteque el presupuesto de 1997", finalizó.