Justicia concedió la seana pasada al presidente y al fiscal jefe de la audiencia, así como a los magistrados y fiscales de los juzgados centrales de instrucción y de la Sala de lo Penal, una gratificación de 600.000 pesetas en concepto de "peligrosidad del puesto de trabajo" durante 1990.

Los secretarios y funcionarios del orden penal de la audiencia, más de cien personas en total, mantuvieron hoy una asamblea para protestar por lo que consideran "un menoscabo del principio de igualdad, al tener en cuenta el riesgo de unos uncionarios y no el de otros que están destinados en los mismos centros de trabajo".

De la reunión salió un escrito que esta misma tarde presentó al director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Antonio Nabal Recio, el presidente del Sindicato de Justicia (CSIF), Andrés Sanz.

La carta afirma que los afectados por la medida, que incluye al personal laboral y forense de los juzgados, están dispuestos a reivindicar "la petición, que consideran justa y fundada, con las medidas quela legislación vigente en materia de huelga permiten".