En declaraciones a Servimedia, Rafael Flores, miembro del comité de empresa del ministerio en representación de la Confederación General de Trabajadores (CGT), aseguró que "vivimos en una media privatización" consistent en desplazar funcionarios para ocupar "inmediatamente" sus puestos con personal de subcontratas.

Esta situación se produce en mitad de un expediente de traslado -que CGT tiene previsto impugnar-, y que afecta a 400 funcionarios de Agricultura. En una primera etapa, obligará a unos 50 trabajadores a abandonar Agricultura con destino a dependencias del Cuerpo Nacional de Policía, y pasar a depender de los ministerios de Justicia o de Interior.

Según el miembro de CGT muchos de los funcionarios "piieron irse hace un año y se les obligó a quedarse por considerarles imprescindibles", pero ahora se ha modificado esa posición.

Criticó el sistema "a dedo" para cambiar a la gente de lugar y precisó que "donde ayer había un funcionario, al día siguiente aparece un señor de una empresa privada para realizar la misma función. No se trata de un puesto excendentario, sino que el que es excedente es el funcionario en cuestión", puntualizó.

MALVERSACION

Rafael Flores subrayó que las empresas que ahor realizan el trabajo de algunos funcionarios, en un principio, se limitaban a tareas de campo, pero ahora están "instaladas" en el ministerio.

También apuntó la "relación familiar" de los altos cargos del ministerio con esas empresas lo que, a su juicio, "es una malversación de fondos, tal y como lo entendemos nosotros".

Los funcionarios y el sindicato denuncian la utilización de empresas relacionadas con altos cargos del ministerio, tales como Tragsa y su filial Tragsatec, así como la sociedad eperta en informática Oracle.

Tragsa está presidida por José Rueda García, marido de la secretaria de la ex ministra Loyola de Palacio, y forman su consejo de administración altos cargos del ministerio de Agricultura, entre ellos el director del gabinete de la ex ministra, Jaime Haddad Sánchez de Cueto.

Según los funcionarios, Tragsa es una empresa pública "pero no está claro que sus filiales tengan la misma condición". En este sentido, Rafael Flores, precisó que antes "lo más administrativo que hcían era la preparación de catastros", si bien ahora hacen todo tipo de labores administrativas en el Ministerio.

El próximo lunes, los funcionarios se concentrarán ante la puerta del ministro, que ha declinado recibirles personalmente en las dos últimas semanas, para intentar hacer que les escuchen. Además, no descartan encadenarse para protestar por su situación.

SERVICIO DE ESTADISTICA

Especialmente "sangrante", según los funcionarios, es la situación creada en la sección de estadística del inisterio, en la que todos los trabajadores han firmado una carta dirigida a Jesús Posada para protestar por su situación.

En la misiva -a la que ha tenido acceso Servimedia- se recuerda al ministerio que hace un año, muchos de ellos pidieron trasladarse a los organismos autonómicos y se les negó por necesidades de servicio.

Con la nueva situación "tácitamente se está reconociendo el exceso de volumen de trabajo dentro de la unidad de estadística, al ser cada vez mayor el número de contratacionescon empresas privadas para realizar trabajos propios de la misma", dice la carta.

Finalmente, otro grupo de funcionarios que prefirió guardar el anonimato por temor a represalias, dijo a Servimedia que el ministerio "encubre la privatización de los empleados públicos en sus niveles más bajos" y se preguntaron "¿Por qué estos traslados, si van a ser sustituidos por empresas privadas?".