En opinión del sindicato, la orden de traslado fue una represalia por parte de la Secretaría General de Asuntos Penitenciarios, ya que Pampliega, que presentaba un expediente disciplinario "impecable", había denunciado en numerosas ocasiones todas las irregularidades que se producían en la oficina de régimen de la prsión.

La Ejecutiva Nacional de USO manifestó también que la orden de traslado, firmada por Antoni Asunción, fue ilegal, por carecer de competencias para ello, ya que sólo las tiene el subsecretario del Ministerio de Justicia.

Las mismas fuentes indicaron que la ley vigente establece que, en caso de tener que cubrir un puesto urgentemente, debe destinarse a un funcionario de la localidad más cercana, con menos cargas familiares y de menor antigüedad.

Pampliega, de 40 años, estaba casado, tení un hijo y trabajaba en instituciones penitenciarias desde hacía 15 años. En la actualidad USO, sindicato al que estaba afiliado, había iniciado acciones jurídicas para evitar su traslado, aunque la lentitud del sistema hacía prever que, como mínimo, tendría que permanecer en Las Palmas durante cuatro años.

El pasado viernes abandonó su domicilio y se dirigió a las inmediaciones de la calle Florida, de Vitoria, donde se arrojó a la vía del tren cuando pasaba un convoy.

Sus compañeros están convenidos de que la resolución dictada por Antoni Asunción influyó de manera definitiva en la decisión de acabar con su vida.