En un comunicado, USO resalta que "se trata de un estatuto de nítido corte conservador, que genera inseguridad jurídica, consiente la subjetividad en las políticas retributivas, sigue siendo más de lo mismo en lo relativo a promoción profesional, a la carrera administrativa y al régimen de pensiones, y apenas avanza en la profesionlización y la despolitización de la función pública".

El sindicato hace un "balance negativo" del proyecto de ley, porque "endurece el régimen disciplinario, acepta la movilidad geográfica y funcional sin incentivos precios, precariza el empleo público y deja incertidumbres sobre derechos como los permisos o los complementos salariales".

Asimismo, resalta el que texto remitido al Congreso no tiene el consenso de todos los sindicatos, aunque algunos han suscrito el proyecto, "sin explicar las ventjas inconfesables que para dichos sindicatos tendrá el nuevo sistema de representación".

USO anunció que presentará a los grupos parlamentarios 90 enmiendas al proyecto para que se incluyan en la tramitación parlamentaria y así "intentar subsanar y modificar las medidas más lesivas para los funcionarios y laborales de las administraciones".