En el informe, la organización defensora de los derechos humanos expone numerosos casos de torturas y malos tratos, la mayoría cuando las víctimas estaban detenidas ilegalmente e incomunicadas durante períodos prolongados.

Según AI, aunque el Gobierno hondureño ha condenado estos crímenes y aseguró que castigaría a los responsable, en la práctica "las autoridades siguen sin exigir a la policía y al ejército responsabilidades por sus actos y no han abierto procesos judiciales por estas causas".

Muchos detenidos son semiasfixiados mediante la colocación en la cabeza de una capucha de goma, en ocasiones recubierta de cal. También son frecuentes los apaleamientos cuando los arrestados están esposados y con los ojos vendados. A algunos les aplican además descargas eléctricas, les suspenden por las muñecas o los pies o sufren simularos de ejecución.

Políticos, campesinos implicados en conflictos de tierra y presuntos delincuentes figuran como las víctimas habituales de estos abusos y torturas.

Entre los testimonios que recoge el informe figura el de Víctor Ramírez, detenido político, que declaró: "Oí cuando un policía abrió su navaja automática y sentí el filo de la hoja metálica en mi garganta. Me preparé a morir con dignidad, pero el tipo se retiró. Sentí que vertían un líquido 'spray' sobre la venda que cubría mis ojos ycomencé a sufrir alucinaciones".

"ESCUADRONES DE LA MUERTE"

Según el documento de AI, el número de desapariciones y homicidios de los que son responsables "los escuadrones de la muerte", vinculados supuestamente al Ejército, ha descendido considerablemente desde principios de la década de los 80.

Sin embargo, continúan las denuncias por agresiones físicas, amenazas de muerte y otras formas de hostigamiento atribuidas a grupos clandestinos. Estas prácticas están dirigidas principalmente contra gupos que trabajan en favor de los derechos humanos, sindicalistas y representantes de otras organizaciones populares.

Por otro lado, asegura AI, se han producido diversos homicidios en circunstancias que hacen pensar en la participación de agentes de la policía o del ejército o de grupos que actúan con su aquiescencia.

El asesinato de cinco campesinos implicados en un conflicto de tierras, cometido en mayo de 1991 por militares y hombres que vestían de civil, muestra, según la organización, la neesidad de adoptar medidas urgentes para poner fin a la violación de derechos humanos.

A pesar de que en los años ochenta han sido secuestrados por las fuerzas de seguridad más de un centenar de personas que en la actualidad están desaparecidas, las autoridades siguen sin facilitar información sobre las investigaciones que anunciaron en 1990, lo que hace pensar a AI que "ni siquiera es seguro que se hayan emprendido esas investigaciones".

Finalmente, Amnistía hace un llamamiento al Gobierno para qe ponga en práctica medidas que protejan los derechos humanos, especialmente que haga cumplir los plazos de comparecencia de los detenidos ante el juez previstos por la legislación hondureña.

================================================================== N. de la R.: Amnistía Internacional solicita que esta información no sea difundida hasta el miércoles 19 de junio. ==================================================================