La nueva ley, cuya denominación podría ser otra, aunque su dimensión y objetivos serán los mismos que la anterior, permitirá que el Ministerio de Defensa disponga de un calendario presupuestario determinado, cuyo desarrollo estará en función de los presupuesos con que cuente dicho departamento, y al mismo tiempo facilitará las previsiones de las empresas de armamento, que podrán operar en función de proyectos previamente señalados y presupuestados por el Ejecutivo.

La última ley de dotaciones de las FAS aprobada en su día por el Gobierno socialista data de 1982, pero quedó sin efecto con el paso de los años, por lo que el anterior Ejecutivo tuvo que recurrir a aprobar con carácter anual o bianual programas específicos de adquisición de material bélico, sempre marcados por las estrecheces presupuestarias.

La iniciativa del titular de Defensa, que recupera la idea socialista de hace quince años, se enmarca en el proyecto global de su ministerio de fortalecer la capacidad de acción y maniobra de las Fuerzas Armadas españolas, sobre todo teniendo en cuenta el objetivo de profesionalizar en el año 2003 a sus efectivos humanos.

De entrada, el proyecto de ley que presentará Eduardo Serra en el Parlamento en las próximas semanas cuenta en lo fundamentalconel apoyo del principal partido de la oposición. Pedro Moya, portavoz socialista en la Comisión de Defensa, declaró hoy a Servimedia que el Grupo Parlamentario Socialista "quiere que la ley sea realista y que se ajuste a los escenarios presupuestarios que se diseñen con posterioridad".

Moya, que no obstante no quiso adelantar una posición definitiva de su grupo respecto al proyecto de ley hasta que éste sea presentado en el Congreso, sí expresó la necesidad de que "haya una previsión de inversione; el que sea una ley a más o menos largo plazo será un asunto que deberá ser discutido, pero es necesario que los gastos en material militar estén regulados".