En concreto, el anteproyecto de ley por la que se regulan los incentivos a la contratación laboral y otras medidas de impulso y mantenimiento del empleo estable y de calidad contempla cambios que afectan a todo tipo de empresas que tengan contratadas a personas con discapacidad. Sobre todo, deja en una situación muy delicada a los 2.300 Centros Especiales de Empleo que existen en España y que tienen en plantilla a más de 98.000 personas, según explicaron a Servimedia fuentes del sector de la discapacidad.

La nueva normativa que quiere aprobar el Ministerio de Trabajo elimina la bonificación del 100% por la contratación de personas con discapacidad que tienen estos centros especiales de empleo, cuya plantilla por ley debe superar el 70% de integrantes de este colectivo.

Además, esta reforma del Ejecutivo perjudica a cualquier tipo de empresa que colabora en el fomento del empleo de personas con discapacidad. Afectaría también al Grupo Social ONCE, donde un 59 por ciento de los empleados tiene algún tipo de discapacidad.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha sorprendido al defender la reforma públicamente cuando fue preguntada por esta cuestión antes de intervenir en el foro de alto nivel ‘Global Deal’, celebrado el miércoles en Madrid.

Díaz afirmó ante los periodistas interesados por esta cuestión que “vamos a una política nueva en la que los incentivos van dirigidos realmente a aquellos colectivos, singularmente los más vulnerables, en los que tienen que ser capaces de servir para la finalidad, que es contratar a las personas que hoy están en desempleo”.

Para la titular de Trabajo, la reforma legal “está cumpliendo con toda la doctrina de la Comisión Europea y con las recomendaciones” de la Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). Además, destacó que la reforma de las bonificaciones es uno de los “hitos” del componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Pese a sostener que estas bonificaciones deben aplicarse únicamente a personas vulnerables, Díaz evitó referirse a la situación de desamparo laboral en la que quedarían unos cien mil trabajadores con discapacidad en España que actualmente están contratados en Centros Especiales de Empleo y que se encuentran alarmadas porque el anteproyecto de su Ministerio pone fin a los incentivos actuales.

En este sentido, cabe destacar que en España únicamente una de cada cuatro personas con discapacidad en edad de trabajar tienen un empleo y que su tasa de paro del 22% casi duplica la media nacional del 12,6% que el jueves dio a conocer el departamento que dirige la propia Díaz. La situación es aún peor para las mujeres con algún tipo de discapacidad, que tienen una tasa de desempleo del 22,4% según los datos del Observatorio sobre discapacidad y mercado de trabajo (Odismet) recogidos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

CONTRADICCIONES EN EL GOBIERNO

Mientras Díaz justifica en público el propósito del anteproyecto que ha elaborado su Ministerio y que ya ha finalizado el periodo de consulta pública, en su propio equipo intentan frenar las críticas que está recibiendo y aseguran que “se está hablando” con el sector para medir el impacto que tendrá esta reforma en el colectivo de las personas con discapacidad.

Fuentes próximas a Díaz aseguraron a Servimedia que “se va a tener en cuenta a todo el mundo” antes de aprobar el anteproyecto a finales de año, si bien la propia vicepresidenta del Gobierno no ha dado signos de que así sea. El Ministerio de Trabajo asegura que “no se va a terminar con los incentivos” de contratación para la discapacidad y, en cualquier caso, antes de tomar una decisión definitiva “se está esperando al Libro Blanco de la Discapacidad” que está elaborando el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Por su parte, la mitad socialista del Gobierno de Pedro Sánchez guarda silencio sobre la reforma que ha diseñado Yolanda Díaz y que de forma directa podría provocar el cierre de los Centros Especiales de Empleo que actualmente dan trabajo a casi cien mil personas con discapacidad.

Desde la oposición también han arremetido contra la reforma de Yolanda Díaz. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha urgido al Gobierno a “corregir” su “grave error” y mantener las bonificaciones a la contratación de personas con discapacidad.

“El Gobierno y el Ministerio de Trabajo cometerían un grave error si sigue tramitando este anteproyecto de ley y disminuye o elimina los incentivos a las empresas que están contratando a personas con discapacidad. Quiero mandar, por tanto, un mensaje para que este error no continúe y este error se corrija en la tramitación del proyecto de ley”, declaró el líder de la oposición durante una visita a una entidad social en Guadalajara.

Feijóo se sumó así al rechazo mostrado días antes por la propia secretaria general del PP, Cuca Gamarra, quien avisó de que están empezando los “recortes” del Gobierno. También criticaron el anteproyecto formaciones como el PDeCat, Ciudadanos y Vox.

Precisamente, la diputada de Vox María Cañizares abordó esta cuestión en la sesión de control al Gobierno de esta semana en el Congreso, donde reprochó a Díaz que haya “urdido un plan” para “eliminar” bonificaciones al empleo de las personas con discapacidad. Algo que, en su opinión, produciría “barreras” para la incorporación al mercado de trabajo de esta parte de la ciudadanía.

Desde el ámbito sindical, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha confiado en que haya "un acuerdo" sobre esta cuestión porque las personas con discapacidad constituyen “seguramente” uno de los colectivos en los que “más justificación” hay para la existencia de los incentivos a la inclusión laboral. "Vamos a trabajar en ese terreno en las próximas semanas”, dijo el líder de CCOO durante una entrevista en Servimedia.

RECHAZO DE LAS COMUNIDADES

Las comunidades autónomas también han expresado su rechazo al anteproyecto del Ministerio de Trabajo. La Xunta de Galicia criticó la supresión de incentivos al empleo de personas con discapacidad, reclamó “más diálogo en este proceso” y lamentó “la falta de rigurosidad y técnica jurídica para su aplicación”.

De salir adelante esta normativa, alertó que afectaría en especial a los 122 centros especiales de empleo con los que cuenta esta región y que dan empleo a más de 3.500 personas con discapacidad que difícilmente podrían acceder a un trabajo en empresas ordinarias.

En paralelo, el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana (Cermi CV) mantuvo una reunión con responsables de las políticas de empleo de la Consejería de Economía de la Generalitat Valenciana e informaron de que el gobierno del socialista Ximo Puig ha respaldado su preocupación y recogerá las reivindicaciones de este colectivo para enviarlas al Ministerio de Trabajo.

En particular, la Generalitat Valenciana especificará al departamento que dirige Yolanda díaz que no se tienen que tomar medidas que no estén consensuadas con el sector de la discapacidad y que, además, invadan competencias autonómicas.

El Cermi Extremadura también se ha reunido con la consejera de Educación y Empleo de la Junta para trasladar la inquietud que existe entre las personas con discapacidad de esta comunidad autónoma. Este rechazo también ha sido expresado públicamente por Cermi Murcia, apoyando así el posicionamiento del Cermi Estatal.

Dicha entidad alertó de que, de prosperar el texto en sus términos actuales, “estaríamos, sin exageraciones, ante el peor retroceso producido respecto del empleo de personas con discapacidad en nuestra etapa democrática, que es preciso absolutamente conjurar”.

MUY BUENOS RESULTADOS

También han clamado contra el anteproyecto del Ministerio desde la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), entidad que señaló a Servimedia que las bonificaciones a la contratación de personas con discapacidad en las empresas ordinarias “dan muy buenos resultados". Subrayó que “la buena noticia es que se ha abierto el diálogo y estamos negociando”, expresando así su confianza en que las alegaciones que han presentado las distintas asociaciones de personas con discapacidad sean tenidas en cuenta.

El anteproyecto de Trabajo preocupa también de forma especial a las personas con discapacidad intelectual y sus familias, ya que el 82% de quienes tienen esta discapacidad y están en edad de trabajar no tienen empleo. Por ello, Plena inclusión España alertó "del freno en el acceso al empleo" para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo que supondrá esta normativa.

Según Bernabé Blanco, presidente de la patronal de los Centros Especiales de Empleo de personas con discapacidad intelectual, Aedis, estas medidas pueden “provocar la pérdida de muchos puestos de trabajo de personas con discapacidad”, con lo que “se va a provocar el efecto contrario al que se quiere conseguir”.

El anteproyecto terminó la pasada semana la fase de consulta pública y ahora debe ser pulido por el departamento que dirige la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, antes de ser aprobado por el Consejo de Ministros.