Sin embargo, matizó que no se tiene que actuar contra este principio en los resupuestos para 1997. "Hay que mantener las pensiones en todo lo que se pueda, tenemos que emplear todo nuestro ingenio, pero hay que dar futuro al sistema", declaró a los periodistas.

El economista hizo estas afirmaciones en relación con la propuesta efectuada ayer por el jefe de la Oficina de Presupuestos del Gobierno, José Barea, quien cuestionó la revalorización automática de las pensiones para 1998.

En opinión del profesor Fuentes, para ejercicios futuros, el Gobierno tiene que aprovechar ls recomendaciones realizadas en los tres informes encargados sobre el futuro de las pensiones, así como emplear las resoluciones del Pacto de Toledo. "Es absurdo no utilizar los acuerdos a los que hemos llegado", dijo.

Fuentes Quintana exigió también la reforma de la actual ley presupuestaria como una prueba inequívoca de que el Ejecutivo pretende reducir el gasto público en las cuentas del Estado para 1997. "Si el Gobierno no presenta una nueva ley antes del proyecto de presupuestos, no hay que confir en que se reducirá el déficit", señaló.

Explicó que la actual normativa contiene "trampas", que hay que impedir como los créditos ampliables o los extraordinarios, que permiten desviar al alza las previsiones de gasto público. "Sin una ley presupuestaria no habrá veracidad", afirmó.

REFORMA ESTRUCTURAL

El economista indicó la necesidad de realizar una reforma estructural del gasto público que afecte a las partidas presupuestarias "que crecen por sí mismas", como son las prestaciones sociales,los sueldos de los funcionarios y las transferencias a la empresa pública y a los entes territoriales. "Sin una reforma estructural es imposible reducir el déficit", añadió.

Fuentes Quintana, que intervino en el curso "Temas actuales de la economía española" organizado por la Fundación FIES, la Universidad Menéndez Pelayo y la Fundación Caixa Galicia, exigió además una auditoría del Tribunal de Cuentas y de la Intervención General del Estado para verificar la situación real del déficit público en nuesro país.

"Las cifras oficiales de déficit computan a la baja, hay partidas que no se ajustan a la normativa de la UE", explicó. Entre lo que no se puede contabilizar para reducir el desequilibrio presupuestario, citó los ingresos por privatizaciones de las empresas públicas y los beneficios obtenidos por el Banco de España por su intervención en los tipos de cambio de la peseta.