Según consta en los documentos publicados en la Plataforma de Contratación del Estado y consultados por Servimedia, el contrato incluye “el análisis y seguimiento de las alternativas posibles y de aquellas decisiones que puedan influir significativamente” en la estrategia de salida de CaixaBank. “Dicha estrategia deberá orientarse al objetivo de maximizar el rendimiento obtenido de la desinversión completa, optimizándose así la recuperación de ayudas públicas”, según el pliego de prescripciones técnicas.

En concreto, la empresa seleccionada “emitirá su criterio profesional sobre al menos, la experiencia internacional existente en operaciones similares, los instrumentos de mercado y demás alternativas disponibles para optimizar la desinversión, las condiciones necesarias para su ejecución y los criterios que soportarían la decisión de aplicar unas alternativas u otras”.

Además, “deberá realizar una labor continuada de seguimiento de otras operaciones relevantes de mercado, del sentimiento de inversores y de asesoramiento general al FROB en su estrategia”. En caso de que se efectuara la desinversión en CaixaBank, “el asesor deberá asistir al FROB en todo el proceso”.

El contrato tiene una duración de un año, hasta el 27 de diciembre de 2024, con la posibilidad de prorrogar hasta 24 meses adicionales. El valor estimado del contrato es de 180.000 euros, cifra que asciende hasta 540.000 incluyendo las dos prórrogas. El procedimiento es abierto y la tramitación es ordinaria.

Las ofertas se pueden presentar hasta el próximo 30 de octubre y el licitador deberá contar con un volumen anual de negocios de, al menos, 810.000 euros, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles.

Arcano venía siendo el banco asesor del FROB hasta este mes, sin posibilidad de renovar, ya que se le prorrogó el contrato por el máximo de dos periodos, con lo que el FROB debía publicar un nuevo pliego que lanza hoy.

La fecha límite para la desinversión del Estado en CaixaBank es diciembre de 2025, con la posibilidad de ampliarla como ya hizo el Gobierno en diciembre del año pasado.

Fuentes financieras señalaron a Servimedia que el objetivo es maximizar la recuperación de las ayudas, por lo que “no hay prisa en vender”, y la desinversión llegará cuando se den “las condiciones óptimas” para ello, teniendo en cuenta además del precio de la acción las previsiones sobre su evolución, volatilidad del mercado o capacidad de absorción de la demanda.

NO TENER CONFLICTO DE INTERÉS

En el pliego de cláusulas administrativas se especifica que el adjudicatario no se puede encontrar en situación de conflicto de interés, ya sea real o potencial, entendiendo por tal que esté incurso en una situación que “pueda influir, limitar o condicionar en cualquier modo la objetividad e independencia del licitador”. Se considerará que eso sucede si el licitador está prestando en la actualidad servicios de asesoramiento financiero a la entidad de crédito en la que el FROB mantiene, de forma indirecta, la participación, así como el asesoramiento a otros accionistas relevantes, directos o indirectos, de la entidad en procesos de venta de sus participaciones directas o indirectas. La situación de conflicto de interés se extenderá a todos los miembros o empleados del licitador, así como a sus colaboradores.

La empresa que se adjudique el contrato deberá contar en los últimos siete años con experiencia como asesor en, al menos, un proceso de desinversión en entidades de crédito por importe igual o superior a 500 millones de algún Estado miembro de la Unión Europea, Reino Unido, Estados Unidos o Canadá, o que haya sido colocador en calidad de coordinador global, ‘bookrunner’, ‘lead manager’ o ‘co-lead manager’ en, al menos, una operación efectivamente ejecutada de importe igual o superior a 250 millones en los citados mercados.

Los criterios de adjudicación son la adecuación del equipo asignado al proyecto, valorable hasta con 50 puntos, y el precio, por otros 50 puntos.