"Desde la Fravm veníamos demandando un acuerdo por lo menos a cinco bandas (Delegación del Gobierno, Comunidad de Madrid y ayuntamientos de Madrid, Coslada y Rivas Vaciamadrid), aunque entendemos que hay que añadir una banda más, que son los vecinos de la Cañada Real", declaró Murgui a Servimedia.

Murgui explicó que la Fravm debería participar al tratarse de un problema de toda la región, pero también las asociaciones de vecinos que puedan formarse en la zona de Cañada Real.

Según Murgui, con independencia de la solución urbanística que se adopte finalmente, lo que tienen que hacer "de manera inmediata" las Administraciones es afrontar el problema social y de derechos humanos, garantizando la accesibilidad de los vecinos de Cañada Real a los servicios públicos (educación, sanidad, etcétera), resolviendo los problemas de salubridad, alcantarillado y estado de las calles, y dotando la zona de los equipamientos básicos mínimos.

Además, el presidente de la Fravm dijo que la solución urbanística y medioambiental que se adopte a medio y largo plazo para Cañada Real también tiene que tener en cuenta en primer término la cuestión social y las necesidades de los vecinos "expresadas por ellos mismos".

Murgui indicó que Cañada Real "es un problema que cada día que pasa, hay gente que está sufriendo las consecuencias de vivir en esas condiciones de vida"; y recalcó que "es el deber de la Administración sentarse y ponerse manos a la obra para resolverlo de manera inmediata".