El fiscal del Alto Tibunal andaluz, Luis Portero, manifestó hoy que esta cantidad ha sido calculada en base a la cifra ingresada como cotizaciones al régimen especial agrario en ese periodo de tiempo, el hecho de que la dotación del subsidio estaba establecida en el 75 por ciento del salario mínimo y en que su percepción se extendía a 180 días del año.

En sus calificaciones provisionales, la fiscalía acusa de fraude a 15 personas, entre las que se encuentran el ex alcalde socialista Juan Ferrándiz, el concejal José Hereda y el secretario municipal, Rafael Hernández.

Penas de entre 2 y 11 años de cárcel son solicitadas también por el fiscal para el alcalde pedáneo de Casasnuevas, Juan de Dios Toledo Benítez, y un empleado del mismo ayuntamiento, José Muñoz.

De los perceptores, sólo 2 de ellos son acusados de estafa, mientras que a los 8 restantes se les atribuye falsedad en documento público.

Entre estos últimos se encuentra Antonio R.V., que siendo secretario local del sindicato CCOO del Campo y teniendo unvehículo BMW y un inmueble en la localidad cobró el paro entre 1985 y 1989.

El escrito de Luis Portero señala que los 2 vecinos que ahora son acusados de estafa se beneficiaron de la firma de falsas peonadas proporcionadas por el Ayuntamiento de Pinos Puente.

Para ello, "el alcalde socialista del municipio y el secretario del mismo confeccionaron y suscribieron los documentos exigidos", según el informe, que añade que "el alcalde pedáneo de Casasnuevas libró igualmente certificaciones que no corrspondían a la realidad".

La fiscalía también señala que "el alcalde y el concejal acusado, con el objeto de hacer posible que el mayor número de ciudadanos accedieran a la prestación, abrieron una cuenta corriente conocida como 'cuenta firmas desempleo agrario', que fue nutriéndose de cantidades correspondientes a cotizaciones del régimen especial agrario que depositaban los propios vecinos a razón de 150 pesetas por día de supuesta jornada de trabajo".

Simultáneamente, según datos de la fiscalía se creó una oficina municipal donde el empleado también acusado, José Muñoz, ayudaba a cumplimentar el resto de los trámites requeridos para el acceso al subsidio.

Mediante este sistema, innumerables personas de Pinos Puente se han embolsado cada año más de 180.000 pesetas a cambio de una aportación no mayor de 9.000. Sin embargo, de la larga lista de beneficiarios, la fiscalía ha realizado una última depuración, de la que han resultado acusados sólo aquellas personas de las que se ha podido demostra que disponían de otras formas de supervivencia.