El fiscal solicita en sus conclusiones provisionales 11 años de cárcel por supuesta estafa y falsedad en documento oficial para el alcalde y la secretaria del consistorio y un año para cada uno de los braceros que supuestamente se beneficiaron de peonads falsas para poder acceder al subsidio del PER.

Por primera vez en uno de los procesos sobre fraude al PER iniciados en Andalucía y Extremadura un secretario municipal está implicado, con la particularidad de que en este caso el fiscal pide para la secretaria Ana María Sánchez la misma condena que para el alcalde.

Esto se debe a que en esta ocasión la secretaria interventora de la corporación no realizó ninguna advertencia de la ilegalidad del hecho de firmar peondas falsas, como sí lo hizo por jemplo en el fraude al PER de la localidad de Iznalloz (Granada).

En el juicio iniciado hoy Ana María Sánchez dijo que sólo firmó las nóminas de los desempleados que realmente habían trabajado los jornales que percibían. La secretaria aseguró que nunca tuvo relación con las cartillas agrarias o los certificados que se expendían a los beneficiarios del subsidio.

Según la documentación aportada por el INEM, durante 1988 se firmaron más de 5.000 peonadas trabajadas en Guadahortuna. El alcalde procesdo mantuvo durante su comparecencia que en aquel periodo lo único que el Ayuntamiento hizo fue adelantar las firmas a los braceros que lo necesitaban con la intención de abonarles sus salarios en el momento en que se recibieran más fondos del PER.

Sin embargo, en la vista oral del juicio se leyó el acta de un pleno municipal en el que se reconocía que durante 1988 se produjeron abusos en el sistema del PER, entre ellos alterar el orden de prioridad de los perceptores o incluir entre éstos a personas qe durante todo el año habían desarrollado otros trabajos.