Los cuatro braceros y la secretaria del Ayuntamiento abandonaron el banquillo de los acusados y la sala de la Audiencia de Granada donde se celebra el juicio al conocer que el fiscal y la acusación del Estado retiraban los cargos contra ellos en sus conclusiones finales.

El ministerio público solicitaba inicialmente penas de 11 años de cárcel para la funconaria municipal y 1 año y 5 meses para cada uno de los jornaleros, mientras que pedía para el alcalde la misma pena que para la secretaria. Sin embargo, en las conlusiones de hoy dejó en un año de cárcel la petición definitiva para el alcalde de la localidad, el socialista Luciano Caballero Padilla, por un delito continuado de falsedad.

Según el fiscal, el alcalde de Guadahortuna urdió un plan mediante el cual numerosos jornaleros pudieron reunir las 60 peonadas necesarias para percibir el paro sin hberlas trabajado. Un informe del INEM presentado ante el tribunal revela que durante 1988 se firmaron en esta localidad un total de 5.000 peonadas más de las que realmente trabajadas.

En las conclusiones definitivas, el abogado defensor del alcalde solicitó su absolución, al considerar que no se cometió delito alguno, y que sólo hubo "una infracción administrativa", apreciación que coincide con la mantenido en el anterior juicio al PER por el alcalde de Iznalloz, Antonio Mata Hita, que fue finalmente ondenado a una pena de 10 meses de prisión.

El letrado mantuvo hoy que su defendido pudo comprobar a su llegada a la alcaldía que en numerosas ocasiones muchos de los más necesitados no podían acceder a los trabajos del PER, que eran escasos en relación con el número de parados del pueblo.

Caballero, según su defensor, se sintió presionado por la situación económica del municipio y decidió adelantar a algunos parados las firmas que les faltaban para cobrar el paro hasta que el Ayuntamiento fuera uevamente subvencionado con fondos del PER y pudiera ofrecer los trabajos remunerados a los jornaleros.